Por Ruben Peña Blanco
15 septiembre, 2016

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En el primer trimestre de 2016 se han registrado 37 peticiones judiciales para esterilizar a personas con discapacidad sin su consentimiento, una práctica que generalmente se solicita con el fin de proteger a las mujeres, contraria a la Conven­ción sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se solicitan alrededor de 100 esterilizaciones al año en juzgados de ese país.

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Esta situación ha generado una gran controversia entre expertos debido a irreversibilidad de la medida.

En España viven casi cuatro millones de personas con discapacidad, al menos existen unas 100 personas al año -en gran parte mujeres- a las que se esteriliza de manera forzada.

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Imagen de la película Yo Soy Sam, la cual retrata la relación entre un padre con incapacidades mentales y su hija sana.

«El hecho de que se practique la esterilización y que sea considerada como algo beneficioso para las mujeres es algo que vemos que tiene trampa y que está muy ligado a modelos muy estereotipados y machistas de lo que son las mujeres con diversidad funcional», sostuvo Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM) al portal Broadly.

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La declaración de incapacitación total no sólo afecta a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, sino a la capacidad de decidir sobre su patrimonio o la posibilidad de votar.

Esta polémica se ha instaurado en el país ibérico, y es principalmente el CERMI el que pide una información que sea accesible para que sean las mujeres las que decidan libremente sobre sus cuerpos.

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