Por Catalina Yob
25 mayo, 2018

La venta de mujeres y niñas responde a una tradición en la comunidad indígena en la que vive la menor, ubicada en Chihuahua, México, la cual goza de legalidad en la Constitución.

Tres mil dólares fue la suma de dinero con la que un sujeto de 28 años, identificado como Alberto Ortiz Aguilar, adquirió a una niña de 12 años para presuntamente contraer matrimonio. La menor proviene de una comunidad indígena ubicada en el municipio de Casas Grandes, en el Estado de Chihuahua en México, la cual posee inscrita en sus tradiciones la compra y venta de las integrantes más jóvenes del clan, sin importar cuál sea el verdadero propósito del comprador. La constitución mexicana otorga valor legal a este tipo de prácticas, aún cuando éstas sean incongruentes con las leyes civiles.

El hombre, originario del Estado de Guerrero, viajó hacia el municipio de Casas Grandes, en donde reside la menor de 12 años junto a su familia y por 3.290 dólares la compró directamente a sus padres. Fue al llegar a su hogar en donde una persona de los alrededores se percató de la extraña situación y dio aviso a la policía, la cual se dirigió hasta su domicilio, lugar en donde fue arrestado.

Además de la presencia de la niña, personal uniformado notificó que Ortiz vivía junto a su esposa y tres hijos, hecho que generó que la situación se volviera aún más repudiable. Debido a que la venta de mujeres (se incluyen menores de edad) al interior de las comunidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, goza de valor legal, el sujeto fue liberado a las pocas horas de efectuarse la aprehensión policial. 

A raíz de las investigaciones iniciales, la policía determinó que la venta de la menor de edad se efectuó bajo el consentimiento de los padres, lo que comprobó el testimonio del acusado, quien aseguró no haber incurrido en amenazas o engaños para adquirir a la niña. Hasta el momento no han emergido más detalles que entreguen atisbos del porqué de la compra, ya que el sujeto cuenta actualmente con una familia constituida en el Estado de Guerrero.

La niña de 12 años, identificada como S.R.L., quedó bajo resguardo de un Centro de Asistencia Social, a cargo del gobierno estatal y de la Unidad de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la Familia y de Trata de Personas.

AP
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Save The Children/ Imagen de referencia

“Ninguna costumbre está por encima de los derechos humanos”

El caso se volvió viral en cuestión de horas y generó polémica a nivel mundial, despertando la ira de las agrupaciones sociales, cuyo propósito es velar por el cumplimiento de los derechos inherentes al ser humano. Lo mismo ocurrió en redes sociales, en donde ciudadanos de todo el mundo se cuestionaron la falta de ética instalada en la actual constitución nacional, la cual otorga legalidad a este tipo de prácticas que violan indiscutiblemente la protección que debe estar presente en la vida de los niños.

Save The Children

La directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña Lobera arremetió en contra del estatuto que percibe como legales este tipo de prácticas, a las cuales catalogó como trata de personas.

“Ningún uso o costumbre está por encima de los derechos humanos. Además se vulnera el artículo primero de la Constitución, el cual indica que en México todo individuo gozará de las garantías que ésta otorga. Los pueblos y comunidades indígenas pueden aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, siempre y cuando respeten las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”.

Pese a que en México la edad legal para contraer matrimonio es 18 años, los Registros Administrativos de Estadísticas Vitales sobre Nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que estas prácticas, las cuales involucran dinero, siguen apoderándose de las culturas insertas en las comunidades indígenas. Hasta el año 2015, 75.443 adolescentes de entre 12 y 17 se encontraban casadas de forma legal, siendo el 80% niñas. 

De acuerdo a la entidad Save The Children en México, 1 de cada 5 mujeres mexicanas contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años. La mayoría de ellas corresponde a niñas, cuya edad está por abajo de los 15 años. 

“El matrimonio infantil, precoz y forzado es una violación grave a los derechos humanos y uno de los mayores obstáculos para el desarrollo, en especial de las niñas. A pesar de la poca información e investigación en este tema sabemos que son las niñas quienes en mayor medida están contrayendo matrimonios antes de los 18 años de edad como resultado directo o indirecto de presiones económicas, sociales, culturales o de las profundas inequidades de género que persisten en nuestro país”.

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