Los beneficiarios del TPS llevaban cerca de 20 años en el país. Ahora todos deberán volver. Sin importar si tenían trabajos o familia en Norteamérica.

Uno de los mitos latinoamericanos más grandes y extendidos es el de pensar a Estados Unidos como la tierra definitiva de las oportunidades: un país enorme, que ha dominado economías, ganado guerras y ha sabido vender la propaganda de la «tierra de la libertad». Este mito ha hecho a muchas personas y familias enteras peregrinar. Casi como un relato bíblico, personas de países más pobres, o que no han logrado encontrar trabajo en las tierras donde nacieron, lo venden todo para comprar boletos de avión y esperar no volver nunca más. Esperan conocer las playas de Miami (llenas de otros latinos), ponerse compresas calientes para derrotar al duro invierno de Minnesota, o sacar un mapa para ubicarse por las calles de Nueva York. Que sea lo que tenga que ser. Pero que sea en los Estados Unidos.

Sin embargo, esta aura que lograron venderle al mundo, adornada con las estrellas y decorada fabulosamente con la estatua de la libertad, que recibía a los inmigrantes italianos de las películas junto a las aguas norteamericanas, se ha ido perdiendo cada vez más. Ahora, políticas de inmigración basadas en leyes antiterroristas que pueden llegar a tener criterios bastante caprichosos, y las opiniones intransables del presidente Trump, han puesto todo cuesta arriba para los que quieren llegar a la llamada «tierra de las oportunidades».

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Y esto no se detiene aquí. Las nuevas medidas no solo han frenado el largo mito de la inmigración en la búsqueda de una mejor vida, sino que también se ha estado haciendo lo posible por sacar a antiguos inmigrantes de los Estados Unidos. Sin importar la cantidad de tiempo que lleven en el país, de dónde vengan, ni su situación actual en los Estados Unidos.

Una nueva medida

El viernes pasado, la administración del presidente Trump anunció que dejará de garantizar el TPS, o protección temporal (una garantía que el Estado de las personas que buscan asilo en medio de desastres humanitarios en sus países de origen) a 57.000 hondureños que llevan 20 años viviendo en Estados Unidos. Los hondureños tendrán una última oportunidad para volver a solicitar el beneficio, pero este les será concedido por solo 18 meses. Después de eso, y para el 5 de enero del 2020, habrán perdido todas sus oportunidades de seguir siendo protegidos por los Estados Unidos. Después de eso, ya no estarán facultados para trabajar, y correrán el riesgo de ser deportados.

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La medida se debe, principalmente, a las aseveraciones de que Honduras ha recuperado suficiente estabilidad desde 1998 (año en el que un huracán azotó al país y lo desestabilizó fuertemente) hasta ahora. Y, según la administración de Trump, ya sería un lugar capaz de sostenerse por sí mismo, y al que los refugiados deben regresar. Obviando, por supuesto, las serias situaciones de violencia en Tegucigalpa, y el enorme descontento civil por parte de los ciudadanos al gobierno de Juan Orlando Hernández (quien ha calificado como «lamentable» la decisión de cancelar el recurso de protección).

Quitar de raíz una medida humanitaria

El TPS (Temporary Protected Status) es ofrecido solo a ciudadanos de países que están lidiando con situaciones que son inabarcables para un Estado: desastres naturales, guerra, hambre, u otras crisis que parecen no tener solución en el corto plazo parecen hallar una pequeña luz gracias al asilo estadounidense. Actualmente son diez los países (El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, y Yemen) que están en el programa. Los postulantes son beneficiados con una visa de 18 meses en los Estados Unidos que puede ser renovada según las condiciones del país afectado.

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Para entrar al TPS, los postulantes deben cumplir con una serie de condiciones no demasiado estrictas: un prontuario relativamente limpio, pasar por una prueba de rutina, y pagar 495 dólares (el pago debe repetirse si los participantes buscan renovar el beneficio). Generalmente, los postulantes (y beneficiarios) del TPS, terminan siendo inmigrantes indocumentados que ya están en los Estados Unidos. Personas que suelen tener la visa vencida, u otro tipo de situación legal que debe ser regularizada.

Sin embargo, a pesar de que el TPS pueda parecer un beneficio de por vida para aquellos que buscan refugio en un nuevo país, está bastante lejos de ser aquella promesa de una vida nueva: sus beneficiarios solo están facultados para trabajar sin ser deportados. Sin embargo, en cualquier momento el gobierno puede decidir quitarle la ayuda a los miembros de un país completo. Y no es ningún primer paso para obtener la ciudadanía.

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Pero aún en un estado de constante amenaza de verse terminado, a lo largo de la historia los presidentes siempre se han encontrado con dos grandes opciones a la hora de renovar el TPS con los países afiliados: seguir estirando un elástico que podría romperse en cualquier momento, y dejar que las personas hagan una vida en el país; o sacar a miles de familias que han hecho su vida durante años en los Estados Unidos. Como es de esperarse, la mayoría ha optado por mirar hacia otro lado mientras los refugiados echan raíces en el suelo americano.

Ahora, la administración de Trump no sacará solo a los hondureños del país. El presidente también ha anunciado el fin del convenio con otros 5 países: Sudán, Haití, Nicaragua, El Salvador, y Nepal. Haitianos, salvadoreños y hondureños son quienes conforman la mayor población de beneficiarios del TPS. En total, más de 400.000 personas deberán abandonar los Estados Unidos.

Los límites de la ciudadanía

A pesar de que, frente a una primera lectura, parece algo lógico que se acabe con una ayuda humanitaria cuyo fin era dar asilo a personas cuyos países se encontraban devastados por la tragedia, cabe hacerse la pregunta de qué es lo que nos hace ciudadanos de un país. Llegar solos, con las maletas en la mano y sin conocer ni siquiera el idioma nos aleja bastante de lo que podría ser considerado un miembro activo de una nueva sociedad a la que esperamos integrar. Sin embargo, un hondureño que lleva 20 años en Estados Unidos, y que aprendió el idioma, ha vivido, trabajado, y formado una familia en ese suelo, ¿no es tan ciudadano como el inmigrante de segunda o tercera generación? A muchos les parece que sí. Es igual de estadounidense. Sin embargo, a estas alturas, esa es un discusión casi filosófica en contra del gabinete del presidente Trump y sus potentes medidas antiinmigrantes.

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También es importante considerar a las víctimas invisibilizadas por las cifras del gobierno. De los hondureños llegando a los Estados Unidos desde 1998, cerca de un 25% de los beneficiarios del TPS tenían menos de 15 años cuando llegaron al país, viviendo más de la mitad de sus vidas en los Estados Unidos (¿qué es un país sino el lugar donde desarrollamos nuestras vidas?), y cerca de 53.000 niños han nacido de las uniones entre hondureños y estadounidenses. Todos ellos verán a un progenitor salir del país para principios del 2020.

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Por otro lado, y a pesar de que las organizaciones estadounidenses consideren que Honduras ya es un lugar adecuado y seguro para regresar, sigue manteniendo el índice de homicidios más alto del mundo (42,8 por cada 100.000 habitantes), y un ambiente político inestable desde las elecciones del 2017 (una que se rumorea llena de irregularidades y eventos sospechoso). Como si esto fuera poco, las relaciones entre los ciudadanos y la policía también están tensionadas. Hace apenas unos días, cerca de 40 protestantes murieron en manos de la policía.

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