Por Juan David Montes
29 abril, 2016

“Un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o se desperdicia”.

Cristina Romero vive en Gerona, un provincia española. Durante una reunión en la escuela a la que asiste su hijo se enteró de que gran parte de la comida que se servía a diario se convertía en desperdicio, a pesar de que estuviera en buen estado. Sin embargo, las regulaciones que velan por la inocuidad alimentaria restringen ampliamente las iniciativas que pretenden evitar del desecho. Pero Romero ha decidido hacer algo al respecto.

La idea de redistribuir la comida sobrante se encuentra de frente con la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que al respecto decreta lo siguiente:

“Por razones higiénicas y sanitarias la comida sobrante no puede ser manipulada”.

La intención de Romero es solicitar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a todas las entidades relacionadas que modifiquen las normativas que de cierta manera exigen que la comida sea descartada.

Su iniciativa encaja con emprendimientos similares, que ya se han llevado a cabo en algunos municipios de Cataluña y Madrid, así lo relata Romero:

“Son los ayuntamientos quienes se encargan del servicio de recogida que pasa por los colegios a diario recogiendo la comida que sobra para trasladarla a algún comedor social o albergue cercano”.

La logística es bastante sencilla. En los comedores escolares se guarda la comida en contenedores individuales que posteriormente son congelados. Un tercero se encarga de la distribución, sin romper la cadena de frío, para que finalmente los alimentos sean entregados a quienes más los necesiten.

Hasta el momento, la petición de Romero ha contado con el apoyo de 216.249 firmantes.

Su objetivo es reunir 500.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular.

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