En Quinchía nadie esperaba que dar agua a un perro pudiera costar una multa.
El alcalde Jader de Jesús Clavijo Bañol propuso sancionar a quienes alimenten a cinco perros callejeros que los vecinos bautizaron como ‘la banda del Serrucho’. Según él, los animales persiguen motociclistas y generan un problema de salubridad, así que la solución fue apuntar contra la gente que les tiende una mano, no contra el problema de fondo.
La senadora Andrea Padilla le respondió sin rodeos que la medida no tiene ningún sustento legal, y la congresista Esmeralda Hernández fue más allá: organizó una jornada de alimentación para perros y gatos sin hogar el 23 de julio, justo en Quinchía. Organizaciones animalistas ya piden que la Procuraduría intervenga, mientras el alcalde asegura que sus palabras fueron editadas para hacerlo quedar mal. La pregunta que queda flotando es simple: ¿desde cuándo la solidaridad necesita permiso?
