Cinco artistas drag de Cusco podrían pasar entre cuatro y seis años en prisión por “ofensas al pudor público” agravadas, tras participar en la Marcha del Orgullo de julio de 2025. La movilización, según la abogada Lucía Santos, transcurrió “de forma pacífica, sin incidentes violentos ni sanciones administrativas”.
Todo empezó un día después, cuando un programa de televisión local mostró imágenes de la marcha con expresiones estigmatizantes y transfóbicas. La Fiscalía abrió de oficio una investigación contra la conductora por discriminación, y esas cinco personas fueron reconocidas como agraviadas. Meses después, la misma periodista las denunció penalmente, usando como sustento las imágenes de su propio programa.
Para la organización Proyecta Igualdad hay señales de “criminalización y posible represalia”. Un informe antropológico forense reconoce el carácter artístico y cultural del drag y descarta que sea, por sí solo, lascivo. Además, la defensa cuestiona que se agrave la pena por la supuesta presencia de menores, ya que la imputación no individualiza a ninguno.
El 25 de septiembre vence el plazo de la investigación y la Fiscalía decidirá si acusa. Hoy hubo audiencia y un plantón frente al Poder Judicial, bajo el lema “Por una justicia que no discrimine”.