En Brasil, el Congreso Nacional debate una reforma al Código Penal que impondría hasta 8 años de prisión a quienes presenten denuncias falsas de agresión, apuntando directamente al uso indebido de la Ley Maria da Penha en disputas de custodia o conflictos personales. Sus impulsores argumentan que las acusaciones sin fundamento colapsan el sistema judicial y destruyen la vida de hombres inocentes. Pero organizaciones de derechos humanos advierten que la medida tiene un costo invisible: el miedo. Si una mujer golpeada teme no poder probar la agresión y terminar encarcelada, simplemente no va a denunciar. Para ellas, la ley no frena el abuso, lo silencia.
