Stephen Marshall tenía 20 años cuando decidió buscar por su cuenta a personas condenadas por delitos sexuales en Estados Unidos. En abril de 2006, el joven canadiense consultó el registro público del estado de Maine, donde aparecían fotografías, nombres y direcciones.
El 16 de abril asesinó a tiros a dos hombres en sus propias viviendas. Primero mató a Joseph Gray, de 57 años, disparándole a través de una ventana de su casa. Horas después, William Elliott, de 24, recibió varios disparos cuando abrió la puerta.
Pero la investigación reveló algo todavía más inquietante: Marshall había consultado los datos de 34 personas y elaborado una lista propia con 29 posibles objetivos. Incluso pasó frente a otras cuatro viviendas.
Uno de los fallecidos, Elliott, había cumplido cuatro meses de cárcel por mantener relaciones sexuales con su novia, que estaba a pocos días de cumplir 16 años.
Tras los asesinatos, Marshall huyó hacia Boston. Cuando la policía lo localizó en un autobús, se disparó y murió.
Las autoridades retiraron temporalmente el registro de internet por temor a nuevos ataques.
El caso abrió un debate sobre los límites de la justicia por mano propia y los riesgos de publicar direcciones de personas que ya habían sido condenadas.