Chantal Sébire tenía 52 años, era profesora y madre de tres hijos cuando el dolor dejó de ser soportable.
En el año 2000 le diagnosticaron un estesioneuroblastoma, un cáncer raro que avanzó por sus senos nasales hasta la órbita del ojo. Le desfiguró el rostro, le arrebató la vista, el gusto y el olfato, y la morfina le provocaba alergia, así que combatía el dolor con aspirina. En febrero de 2008, tras una entrevista televisiva, le pidió públicamente al presidente Nicolas Sarkozy que la dejara morir. El 17 de marzo, el tribunal de Dijon le negó una dosis letal de barbitúricos bajo supervisión médica.
Dos días después apareció muerta en su casa. La autopsia no aclaró la causa y la duda duró hasta el 27 de marzo, cuando se confirmó que había ingerido barbitúricos.
Su historia sacudió a Francia: obligó a revisar la ley Leonetti de 2005 y encendió un debate sobre el derecho a una muerte digna que tardó casi dos décadas en cerrarse. Ahora, en enero de 2027, entrará en rigor la ley que nació desde ese debate. Si el caso de Sébire se diera hoy en día, ella podría optar a lo que tanto quiso: una muerte digna.
