Catalina Pizarro tenía 12 semanas de embarazo cuando le confirmaron que su hija Clara no iba a sobrevivir.
Desde ese día, cada semana fue una espera. Solicitó acceder a una interrupción del embarazo bajo la causal de inviabilidad fetal, contemplada en la ley chilena de tres causales, pero se lo negaron porque la patología de su hija no estaba incluida en el reglamento utilizado para autorizar el procedimiento. Así que continuó con la gestación durante dos meses, sabiendo cómo terminaría. Ella describe ese periodo como una experiencia devastadora, marcada por la angustia de esperar un desenlace que ya conocía.
Su caso llegó a la justicia y terminó en un fallo histórico en Chile. La sentencia reconoció que se vulneró su derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo y ordenó una indemnización de $100.275.000 pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente US$101.600. Una resolución que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta difícil: ¿qué ocurre cuando un derecho existe en la ley, pero las barreras del sistema impiden ejercerlo a tiempo?