Dentro de las celdas costarricenses había televisores encendidos, microondas calentando comida y cables conectados a la pared como si fuera una casa cualquiera.
Eso terminó de golpe. La presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, ordenaron un operativo que retiró 352 televisores, 238 hornos de microondas y arrancó hasta el último enchufe eléctrico de las celdas. Nada de electricidad al alcance de la mano, nada de pantallas, nada de comodidades que parecían normales pero llevaban años ahí, tan naturalizadas que nadie las cuestionaba dentro del sistema penitenciario.
La lógica detrás es fría y calculada: sin enchufes no hay forma de operar dispositivos que muchas veces servían para coordinar actividades ilícitas desde dentro. El Gobierno lo enmarca como una política de mano dura inspirada en El Salvador, con un objetivo declarado por Aguilar: que el Estado, no los reclusos, decida qué pasa detrás de esos muros.