Néstor Rodríguez, diputado boliviano del partido Alianza Unidad, presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto con nombre burocrático: Programa Nacional Integral de Reinserción Social. Detrás de ese título neutro había una medida drástica: esterilizar de forma obligatoria, con autorización judicial, a mujeres en situación de calle con problemas de drogodependencia.
El 15 de julio de 2026, en La Paz, Rodríguez lo defendió sin rodeos: la esterilización “se va a hacer de forma obligatoria” para llegar a todas las mujeres vulnerables que vive en las calles bolivianas. Según sus propios cálculos, existen unas 18.000 personas sin hogar en el país, 4.000 de ellas en Santa Cruz.
La Defensoría del Pueblo respondió que la propuesta vulneraba derechos humanos básicos: dignidad, integridad y libertad reproductiva. Bastaron esas semanas de rechazo público para que Rodríguez empezara a estudiar reemplazar la palabra “esterilización” por métodos anticonceptivos permanentes, aunque el resto del plan sigue en pie.
