Edson Izidoro llegaba a los turnos nocturnos del Hospital Salgado Filho, en Río de Janeiro, con una rutina que nadie dentro del centro médico cuestionó durante demasiado tiempo: identificaba a los pacientes más vulnerables, les retiraba el suministro de oxígeno o les inyectaba sustancias, y esperaba. Cada fallecimiento le reportaba una comisión de las funerarias con las que, según las autoridades brasileñas, mantenía un acuerdo sistemático.
El caso, que estalló a finales de la década de 1990, expuso lo que los investigadores denominaron la “mafia de las funerarias”: una red que monetizaba la muerte dentro de un hospital público. Izidoro terminó confesando su participación en el asesinato de varios pacientes, aunque las estimaciones de la época apuntaban a que las víctimas reales podían superar el centenar. Las condenas formales, sin embargo, abarcaron solo un número limitado de casos.
Lo que hizo este caso particularmente perturbador no fue únicamente la frialdad del método, sino la posición de confianza que Izidoro ocupaba: la de alguien a quien los pacientes, y sus familias, entregaban su vida sin cuestionarlo. Brasil debatió durante años qué mecanismos de control habían fallado para que un esquema así operara sin ser detectado.
