Más de 20 mil pesos por mes. Esa es la cifra que un diputado de San Juan puso sobre la mesa en 2017, y que según él sale del propio presupuesto penitenciario dividido entre los más de 1.300 internos del penal provincial.
El legislador, integrante del bloque Convicción Federal, no se quedó solo en el número. Fue más allá con una frase que resume su argumento: “El Estado les da comida, ropa y médico, y no se les exige nada a cambio”. Con esa idea impulsó un proyecto para obligar a trabajar a los reclusos, inspirado en una iniciativa parecida que ya se discutía en Mendoza.
La propuesta buscaba tomar estado parlamentario esa misma semana. El diputado nunca explicó de dónde salía exactamente el cálculo de los 20 mil pesos, pero la cifra alcanzó para abrir un debate que todavía resuena: ¿qué le devuelve al Estado quien cumple una condena?
