El incesto continúa siendo uno de los mayores tabúes sociales, pero existe un dato menos conocido: las leyes que lo regulan son radicalmente diferentes dependiendo del país.
En naciones como Francia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Argentina, Brasil, Japón, Corea del Sur y Rusia, determinadas relaciones sexuales consensuadas entre familiares adultos no están tipificadas por sí mismas como un delito específico. Eso no significa que estos países “aprueben” el incesto ni que permitan necesariamente el matrimonio entre familiares cercanos: son cuestiones jurídicas diferentes.
España es un buen ejemplo. Las relaciones incestuosas consensuadas entre adultos no constituyen específicamente un delito de incesto, aunque existen restricciones para contraer matrimonio entre determinados familiares.
En otros lugares ocurre exactamente lo contrario.
Alemania establece penas de hasta tres años de prisión o multa para determinadas relaciones entre ascendientes y descendientes biológicos, y también penaliza las relaciones sexuales entre hermanos biológicos.
En Inglaterra y Gales, la legislación incluso contempla expresamente el supuesto de relaciones sexuales consentidas entre familiares adultos. La norma incluye vínculos como padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos, además de otras relaciones familiares especificadas por la ley.
Y existe otra distinción fundamental: que el incesto consensuado entre adultos no sea un delito no elimina las leyes contra el abuso sexual. Cuando intervienen menores, falta de consentimiento, coerción o determinadas relaciones de autoridad, entran en juego otros delitos y protecciones legales.
Por eso un mapa mundial puede resultar engañoso si simplemente divide los países entre “legal” e “ilegal”.
Una misma conducta entre adultos puede no constituir un delito específico en un país y estar expresamente castigada con prisión al cruzar una frontera.