Desde 1983, la Constitución de El Salvador tenía una línea que nadie tocaba: la cadena perpetua estaba prohibida. Ese martes 15 de abril de 2026, Nayib Bukele la borró con su firma.
La reforma, aprobada en la Asamblea Legislativa con 59 votos de 60 posibles y sin debate en comisión, permite condenar de por vida a adolescentes desde los 12 años si cometen homicidio, feminicidio, violación, terrorismo o pertenecen a pandillas. Antes, el máximo para un menor de esa edad eran 10 años de prisión. El cambio entra en vigor el 26 de abril y contempla revisión judicial recién a los 25 años de condena.
El ministro Gustavo Villatoro impulsó la medida como garantía de que estos delincuentes no vuelvan a representar un peligro. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU y UNICEF respondieron con ‘profunda preocupación’. Entre ambas posturas queda una pregunta que El Salvador ya respondió a su manera: ¿hay crímenes tan graves que borran la infancia de quien los comete?
