Ochenta y cuatro votos a favor bastaron para cambiar la vida de miles de reclusos en Ecuador.
La asambleísta Inés Alarcón impulsó la idea que acaparó los titulares: los presos deberán trabajar para costear su propia comida en prisión. Esa fue la discusión que viste en redes, la que generó memes y aplausos. Pero el texto aprobado el 17 de marzo de 2026 va mucho más allá: crea un sistema de inteligencia penitenciaria, reclasifica el nivel de peligrosidad de los internos y autoriza a los custodios a usar la fuerza de forma legítima dentro de las cárceles.
Nada de esto llegó por casualidad. En 2025 murieron 1.220 personas privadas de libertad en Ecuador, frente a 331 en 2024 — un salto de 268% en solo doce meses. Revolución Ciudadana votó en contra y advirtió algo que debería preocuparte: la ley no trae presupuesto real para ejecutarse. Ahora el texto solo espera la firma del presidente Daniel Noboa. ¿Alguien te preguntó si esto es seguridad o es control?
