Guadalupe Asunción Valdés Osorio lo dijo sin rodeos.
Esta especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la UNAM plantea algo que suena a ciencia ficción legal: que envenenar un río, arrasar un bosque o extinguir una especie deje de ser solo una multa y se convierta en un delito penal, juzgado incluso por la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Lo llama ecocidio, y lo define como un daño tan grave al aire, el suelo o el agua que puede provocar muerte o enfermedades permanentes en poblaciones enteras.
Otro académico de la UNAM, Gerardo Torres Salcido, va todavía más lejos: cree que este crimen ambiental puede acercarse al genocidio, porque desplaza comunidades y pone en riesgo a quienes defienden la tierra. México ya lo intentó legislar en 2018, 2020, 2021 y 2023, sin éxito a nivel federal. Solo Ciudad de México, Jalisco y Chiapas se atrevieron a tipificarlo. El resto del país sigue esperando.
