Antes de 2016, algunos supermercados franceses vertían lejía sobre el pan y las frutas que ya no iban a vender. No para desperdiciarlos por descuido, sino para asegurarse de que nadie los sacara de los contenedores de basura.
Ese mismo año, el parlamento francés votó por unanimidad una ley impulsada por el activista Arash Derambarsh: ningún supermercado de más de 400 metros cuadrados podría volver a destruir comida en buen estado. La obligación pasó a ser donar, con acuerdos firmados con bancos de alimentos y organizaciones benéficas, y multas reales para quien no cumpliera.
El resultado se sintió rápido. Mientras miles de personas dormían con hambre en las calles de París, Lyon y Marsella, Francia tiraba millones de toneladas de alimentos cada año. Bastó una firma para que ese desperdicio se convirtiera en platos calientes para quienes más lo necesitaban.
