Irma Ovalle salió del Complejo Penitenciario de Punta Arenas la noche del miércoles 7 de octubre, después de más de 14 años presa.
En 2013 fue condenada a 20 años por encargar el asesinato de su esposo, Didier Mansilla, suboficial mayor del Ejército en retiro. El 29 de julio de 2012, un hombre contactado por un perfil falso en redes sociales lo citó, subió a su vehículo y lo atacó con un arma blanca en el cuello. Mansilla murió horas después en el Hospital Clínico de Magallanes. El autor material, Sergio Escalona, recibió otros 20 años por homicidio calificado, y la investigación concluyó que Ovalle le pagó por el crimen.
Ahora cumplirá el tramo final de la pena en libertad condicional, que no extingue la condena. Y hay un detalle que enciende los ánimos: en mayo, la Corte de Apelaciones le ordenó a Capredena restituirle la pensión de viudez de su propia víctima, con retroactivos desde 2017 cercanos a 150 millones de pesos. El argumento fue que no existía una sentencia civil que la declarara indigna de recibirla. El Consejo de Defensa del Estado recurrió y el caso espera respuesta de la Corte Suprema. ¿Puede una pensión seguir en manos de quien mandó a matar al titular?
