La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, el 17 de marzo de 2026, una ley que obliga a los presos a trabajar para cubrir sus propias necesidades en la cárcel. Ochenta y cuatro votos a favor, sesenta y dos en contra, dos abstenciones. La propuesta de la asambleísta Inés Alarcón se instaló en el debate público como la solución que obligaría a los reclusos a costear su comida con su propio esfuerzo.
Pero esa idea, la que ocupó los titulares, es apenas una pieza de un paquete mucho más amplio. El texto real crea un sistema de inteligencia penitenciaria, reclasifica el nivel de peligrosidad de los internos y autoriza a los custodios a usar la fuerza de forma legítima. Todo esto llega después de un año en que las muertes dentro de las cárceles ecuatorianas subieron 268%, de 331 casos en 2024 a 1.220 en 2025.
La oposición de Revolución Ciudadana votó en contra, señalando que la ley no viene acompañada de presupuesto real. Ahora el texto espera la firma del presidente Daniel Noboa para convertirse en ley.
