Luisa Arteaga-Villalina tenía 59 años y un apartamento en Edgewater convertido en consultorio clandestino.
Todo empezó con una denuncia anónima al Departamento de Salud de Florida. Desde ahí, el Escuadrón de Crímenes Médicos de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade armó una trampa simple: dos detectives encubiertos la contactaron por redes sociales pidiendo una cita. Ella cotizó 20 unidades de Botox por 300 dólares, sin saber que ninguno de los dos era realmente un cliente.
El lunes 3 de agosto, a la 1:50 de la tarde, llegó el momento. Arteaga-Villalina se disponía a comenzar el procedimiento cuando los agentes dieron la orden de arresto, justo antes de que aplicara la primera inyección. Ni ella ni nadie registrado en esa dirección tenía licencia para ejercer medicina en Florida. Al día siguiente, la jueza Maria Espinosa Dennis fijó una fianza de 5.000 dólares tras determinar causa probable. Ya había sido trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.
