Maricarmen Abascal tenía 87 años cuando la sacaron en camilla de su casa.
Era el 23 de septiembre y el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro de Madrid, era el único hogar que había conocido desde 1956. El contrato de renta antigua lo había firmado su padre y ella se subrogó en él. Setenta años después, la orden de lanzamiento se ejecutó a pesar de que decenas de activistas intentaron frenarla. Tenía una discapacidad reconocida del 50% y los sanitarios del Samur la trasladaron al hospital.
Según Heraldo de León, una empresa había comprado el edificio seis años antes por un precio especialmente bajo, porque ella seguía viviendo dentro. Después se planteó subir el alquiler a unos 1.600 euros al mes, y su pensión era de 1.400. Pinturas, porcelanas y fotografías familiares quedaron en el piso.
Su caso encendió protestas en decenas de plazas del país. Telemadrid recoge que había aceptado una propuesta para volver a su casa cuando recibiera el alta. El 7 de octubre murió en el Hospital Gregorio Marañón, tras unos quince días ingresada.
