Erin Patterson cumple cadena perpetua en Victoria, Australia, por servir una comida envenenada con setas que mató a tres de sus ex cuñados. Ahora el Estado le aprobó recetas de Ozempic, el mismo medicamento que cuesta cientos de dólares al mes y que millones de personas no pueden pagar de su bolsillo.
Su argumento fue simple: está en aislamiento y no puede hacer ejercicio por su fama mediática. El Departamento de Justicia respondió que los médicos solo recetan cuando hay una necesidad clínica real, como prevenir diabetes tipo 2. Pero el ministro en la sombra Brad Battin no se quedó callado: “Si Erin Patterson decide no hacer ejercicio, entonces no deberíamos subvencionar el coste de los medicamentos para que mantenga su peso bajo”.
Mientras tanto, defensores de los derechos de los presos insisten en que el Estado tiene la obligación de dar la misma atención médica dentro y fuera de la cárcel. La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿hasta dónde llega esa obligación cuando quien la recibe fue condenada por matar a tres personas con un plato de comida?
