La Asamblea Nacional de Panamá aprobó el Proyecto de Ley 510 para castigar con cárcel el fraude de paternidad. El diputado proponente, Jairo Salazar, explicó que la iniciativa busca prevenir el engaño y aclaró que “la norma no pretende ir en contra de la mujer, sino sancionar una conducta específica que afecta a la familia”.
Esta polémica medida surge porque actualmente solo existen opciones en el ámbito civil que no protegen del todo a los afectados a nivel emocional y financiero. De ser aprobada por el presidente José Raúl Mulino, la ley impondrá de dos a cinco años de prisión y multas que se calcularán según el salario de la persona. Pudiendo ser de unos 10.000 dólares o más.
Un dato curioso es que la acción para reclamar el engaño será imprescriptible, lo que significa que el afectado podrá exigir justicia en cualquier momento sin importar los años que hayan pasado.
Además, el texto aprobado detalla que el juez ordenará de forma obligatoria pruebas científicas de ADN, y negarse a ellas será considerado “un indicio grave” en contra de la persona.
