Lo que pretendía ampliar la cobertura de salud terminó abriendo una discusión mucho más grande sobre estigma, derechos y lenguaje médico.
En mayo de 2024, el Ministerio de Salud de Perú actualizó su Plan Esencial de Aseguramiento en Salud e incorporó siete diagnósticos de la antigua clasificación CIE-10 dentro del apartado de “persona con problema de salud mental”. Entre ellos aparecían términos como “transexualismo” y “travestismo de rol dual”.
La reacción fue inmediata. Organizaciones y activistas denunciaron que la medida reforzaba una mirada patologizante sobre las personas trans. El propio Minsa salió a aclarar que la diversidad de género y sexual no es una enfermedad y defendió que el objetivo de la actualización era garantizar cobertura de atención.
La polémica no terminó ahí. El 25 de junio, el Ministerio ordenó dejar de usar esos términos dentro del capítulo de trastornos mentales y reemplazarlos por categorías como “discordancia de género”, ubicadas fuera de ese apartado. La disposición pasó a aplicarse en establecimientos de salud públicos y privados.
En pocas semanas, una medida presentada como una actualización sanitaria terminó obligando al país a revisar cómo el propio sistema de salud hablaba de las personas trans.
