Chyril Hutchinson ya había perdido seis embarazos cuando llegó a las 37 semanas de gestación con su hija Ceniyah.
En febrero de 2021 ingresó al hospital del Mid and South Essex NHS Foundation Trust, en Inglaterra, con la presión arterial alta. Los médicos le dijeron que necesitaba una cesárea urgente. Pero ese mismo día el hospital tenía seis parteras menos de las necesarias, y la cirugía se pospuso. Al día siguiente, una consultora decidió mandarla a casa y hacerla esperar dos semanas más. Chyril intentó explicar su miedo, su historial, su desesperación. La doctora levantó la mano para callarla y le dijo: “Solo estoy aquí para emergencias”. Días después, una ecografía confirmó que su bebé había muerto.
Una investigación interna del hospital reconoció que el personal falló en monitorear el crecimiento de la bebé, una señal que podría haber indicado la necesidad de adelantar el parto. Aun así, el informe evitó confirmar si esas fallas provocaron directamente la muerte de Ceniyah. “Mi hija debería estar aquí conmigo”, dijo Chyril. El mismo hospital ya había pagado más de 30 millones de dolarés en demandas por negligencia obstétrica en un solo año.
