Shelby Dawn Lashombe tenía 25 años y un aula en una escuela secundaria de Texas. También tenía una relación con dos de sus alumnos, ambos de 16. El caso terminó en un acuerdo con la fiscalía. Lashombe se declaró culpable de dos cargos de relación indebida entre educadora y estudiante, y a cambio los fiscales retiraron los dos cargos de agresión sexual de un menor, que eran los más graves de todo el expediente.
La sentencia fue de seis años de libertad condicional diferida. Pagará una multa de 1.000 dólares, pasará cuatro fines de semana en la cárcel y cumplirá 60 días de trabajo comunitario. Al no haber condena formal por delito grave, evitó la prisión y también un antecedente que la habría acompañado de por vida.
Durante la audiencia hubo un testimonio que pesó en la decisión. El padre de uno de los estudiantes le contó al juez que su hijo estaba bien: buenas notas, jugaba al fútbol americano y ya lo habían aceptado en varias universidades. Pidió que no la enviaran a prisión ni le dejaran un registro criminal permanente, porque su hijo no quería verla encarcelada.
La pregunta que quedó flotando fue otra: ¿qué mide una condena cuando la víctima es un menor y la acusada era la adulta con autoridad?
