Jessica Tapia pasó más de dos décadas ligada a su escuela en Jurupa Valley, California: primero como estudiante, después como profesora de educación física y entrenadora. Todo cambió cuando se negó, por sus creencias religiosas, a cumplir las directrices del distrito sobre estudiantes transgénero.
Según su demanda, esas reglas le exigían usar los pronombres preferidos de los alumnos, permitirles el acceso a baños y vestuarios según su identidad de género, no expresar sus creencias religiosas con estudiantes ni en redes sociales y no informar a los padres sobre la identidad de género de sus hijos. Tapia pidió una adaptación religiosa, el distrito se la negó y la despidió. Ella cuenta que el conflicto empezó cuando publicó videos criticando a grandes tiendas por vender ropa LGBTQ para niños pequeños.
En mayo de 2023 demandó al distrito con ayuda del bufete Advocates for Faith & Freedom. Un año después, el acuerdo: 360.000 dólares, de los cuales 285.000 son para ella y 75.000 para sus abogados. A cambio, no podrá volver a trabajar en el distrito, y ambas partes se comprometieron a no difamarse ni presentar nuevas demandas.
El distrito insiste en que no admite culpa: según un portavoz, el pago se hizo “en el mejor interés de los estudiantes” y no niega haber actuado dentro de la ley. Su abogada, Julianne Fleischer, lo vio de otra forma: “La libertad religiosa está protegida, sin importar tu carrera”.