Todo empezó con una madriguera.
En 2020, el CADIC, un centro científico del CONICET en Ushuaia, descubrió que los conejos europeos estaban debilitando los cimientos de su edificio. La solución que propusieron fue radical: fosfuro de aluminio, un compuesto que libera gas fosfina y que la OMS clasifica como extremadamente tóxico. Organizaciones proteccionistas llevaron el caso a la Justicia, y el juez federal Federico Calvete frenó la matanza.
Ahora, años después, cerró el expediente con una frase que resuena más allá de Tierra del Fuego: los conejos son seres sintientes y no pueden tratarse como un auto o un inmueble. El detalle es que esta misma especie fue introducida en 1936 con apenas dos parejas y hoy suma millones de ejemplares que el propio Ministerio de Ambiente considera una amenaza para la biodiversidad y hasta para la seguridad del aeropuerto de Ushuaia.
¿Qué pesa más: el derecho a no sufrir o el daño que provoca una especie fuera de su lugar?