Una propuesta en Ecuador abrió un fuerte debate sobre hasta dónde pueden llegar los padres al tomar decisiones médicas sobre sus hijos.
La asambleísta Diana Jácome impulsó una reforma que contempla como causal de privación de la patria potestad que los padres promuevan intervenciones médicas, quirúrgicas o farmacológicas destinadas a modificar el sexo biológico de un niño, niña o adolescente.
Jácome fue tajante al defender la iniciativa: “Quien intente cambiar el sexo biológico de un niño perderá la patria potestad”.
La propuesta contempla una excepción para intervenciones médicas que sean estrictamente necesarias en personas con condiciones intersexuales.
El asunto ha generado polémica porque no se trata simplemente de cambiar el nombre o la identidad de género de un menor. El texto se refiere específicamente a intervenciones médicas, quirúrgicas o farmacológicas destinadas a modificar el sexo biológico.
La medida forma parte de una reforma más amplia relacionada con los procesos de adopción y la protección de niños y adolescentes. Y hay un punto fundamental: no significa que actualmente un padre pierda automáticamente a su hijo por apoyar un cambio de género. Se trata de una disposición legal que establece una causal para la privación de la patria potestad, cuya aplicación requiere el correspondiente procedimiento.
El debate toca una pregunta especialmente sensible: ¿quién debe tener la última palabra cuando se toman decisiones médicas relacionadas con el sexo y la identidad de un menor: los padres, los médicos, el propio adolescente o el Estado?