En 2011, cuando Rubén Calleja terminó 5º de Primaria en León, la Administración Educativa decidió por él: lo obligó a matricularse en un colegio de educación especial, aunque ni él ni sus padres lo querían. Tenía síndrome de Down y, para el sistema, eso bastaba para apartarlo del aula ordinaria.
Su familia no lo aceptó. Empezaron una lucha judicial que llegó hasta la ONU, que determinó que España había violado los derechos de Rubén. La batalla siguió durante años, instancia tras instancia, hasta que en 2024 el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica: condenó al Estado español a indemnizarlo con $28.800 euros por vulnerar su derecho a una educación inclusiva.
Ahora, en 2026, el Ministerio de Derechos Sociales le otorgó el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia por convertirse en ‘un ejemplo paradigmático’ de esa lucha.
Rubén ya empezó su vida laboral, pero su padre, Alejandro, insiste en seguir adelante: ‘Es importante dejar esta herencia para el futuro de las nuevas generaciones’.