Polonia lo hizo oficial: quienes sean condenados por abusar de menores de 15 años, o por delitos sexuales contra familiares cercanos, deberán someterse a castración química antes de recuperar la libertad. Un juez ordena el tratamiento hormonal, que reduce el deseo sexual pero también trae disfunción eréctil, pérdida de masa ósea y cambios de ánimo.
Para unos, es la única forma real de frenar la reincidencia y proteger a las víctimas. Para otros, es un castigo corporal disfrazado de medicina que abre una puerta peligrosa sobre los límites del Estado frente al cuerpo de una persona.
¿Es justicia necesaria o un precedente que ningún país debería normalizar?
