Portugal ya no permite tapar el rostro en la calle, los hospitales, las canchas o las manifestaciones. Multas de hasta 3.000 euros para quien use burka, niqab o cualquier prenda que oculte la cara, salvo excepciones médicas, climáticas o de seguridad.
Para unos, es sentido común: nadie debería andar por un espacio público sin poder ser identificado, y las reglas de convivencia aplican para todos por igual. Para otros, es una intromisión directa en la libertad religiosa y en el derecho de cada mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
La ley no menciona el islam en ningún artículo, pero todos saben a quién apunta. ¿Es una medida de seguridad razonable o una forma disfrazada de discriminación?