Maricarmen tiene 87 años y un 50% de discapacidad reconocida.
Su padre firmó el contrato de esa casa en 1956, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid. Pasó a su madre, después a ella. Setenta años de vida bajo el mismo techo, hasta que en 2018 el edificio cambió de dueño: el fondo Urbagestión. Le quisieron subir la renta de 500 a 2.650 euros al mes, un aumento del 275%. Los tribunales le dieron la razón en primera instancia. El Tribunal Supremo falló a favor del fondo.
Era su cuarto intento de desahucio. Esta vez lo lograron. Cientos de personas durmieron al raso la madrugada del 23 de septiembre para intentar impedirlo, y se toparon con más de una decena de vehículos policiales y momentos de tensión. Su abogada negoció una hora con la comisión judicial y la propiedad, sin éxito: denuncia que ni siquiera le dieron tiempo para recoger sus pertenencias.
Ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central le ofrecieron una vivienda pública. Solo una residencia privada, de pago. A los 87 años, Maricarmen tuvo que dejar la única casa que conoció en su vida.
