Simon Bramhall era, en 2013, uno de los cirujanos de trasplante hepático más reputados del Reino Unido. Operaba en el hospital Queen Elizabeth de Birmingham. Salvaba vidas. Y al final de dos cirugías de trasplante — en febrero y en agosto de ese año — hizo algo que ningún protocolo médico contempla: tomó el coagulador de argón, el mismo instrumento que se usa para detener hemorragias, y grabó sus iniciales «SB» en el hígado recién trasplantado de sus pacientes. Ellos estaban anestesiados. El equipo quirúrgico, presente. Nadie lo detuvo. El instrumento de argón deja marcas que normalmente sanan y desaparecen solas. Pero en uno de los hígados, las iniciales no se borraron. Fue otro cirujano, meses después, durante una segunda intervención de seguimiento, quien las encontró. Esa casualidad lo cambió todo. En 2017, Bramhall se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Birmingham de dos cargos de agresión. Argumentó que lo hacía para «aliviar el estrés durante operaciones largas y difíciles». El fiscal lo describió de otro modo: un acto deliberado sobre pacientes inconscientes, sin su consentimiento. El debate que quedó abierto no es menor: ¿puede un acto físico ser un crimen si no deja daño permanente?