Robert Kosilek estranguló a su esposa Cheryl en 1990. Nunca lo negó.
Veinte años después, convertida ya en Michelle, demandó al estado de Massachusetts alegando que negarle una cirugía de reasignación de sexo violaba sus derechos como reclusa. En 2002 ya había conseguido tratamiento hormonal pagado por el sistema penitenciario. El 4 de septiembre de 2012, el juez federal Mark Wolf fue más lejos: ordenó que el estado costeara la operación completa, alegando ‘necesidad médica seria’ y citando la protección constitucional contra castigos crueles e inusuales.
Las autoridades penitenciarias habían advertido riesgos de seguridad para la propia Kosilek dentro de la prisión. Nada de eso frenó el fallo. La familia de Cheryl explotó en indignación: el dinero de los contribuyentes financiando el bienestar de quien le quitó la vida a su hija. El caso terminó apelado y, años después, revocado en instancias superiores pero el precedente ya había sacudido a todo el país.
