Karyann Parkinson tiene cinco hijos y estaba embarazada de ocho meses cuando le dio permiso a Samuel, de 5 años, para caminar solo hasta un estanque cercano a recoger plumas de ganso. Vivían en Ford’s Colony, una comunidad cerrada de Williamsburg, Virginia. El trayecto: media milla, un camino que madre e hijo ya habían recorrido juntos antes.
Un guardia de seguridad interceptó a Samuel después de que un vecino, alarmado al verlo solo, llamara para reportarlo. Dos semanas más tarde, Parkinson fue arrestada. La justicia la condenó por contribuir a la delincuencia de un menor, un delito menor, con seis meses de cárcel suspendida. Pero el verdadero castigo llegó aparte: quedó inscrita en el registro estatal de abuso y negligencia infantil de Virginia durante siete años, lo que le impide ser voluntaria en el salón de su propio hijo hasta que él llegue a sexto grado.
Lo paradójico es que Virginia tiene una ley pensada justamente para proteger este tipo de decisiones parentales. Parkinson ya anunció que apelará, con audiencia fijada para el 16 de septiembre. Mientras tanto, carga con una etiqueta que ninguna madre debería tener que explicar.