Por Maximiliano Díaz
26 June, 2018

Encarcelar inmigrantes ilegales y separarlos de sus familias tiene a una industria prosperando y distribuyendo generosos financiamientos a la clase política.

Para Donald Trump, no hay peor delito que cruzar una frontera sin papeles. Así ha quedado dicho en más de una ocasión por el mandatario estadounidense. Xenófobo, racista y un estandarte anti inmigración, el presidente electo ya ha comenzado a reunir dinero para construir el muro que separe a los Estados Unidos de México, y está en el ojo de la tormenta desde hace algunas semanas por haber separado a familias enteras de indocumentados, donde las mayores víctimas fueron los niños. Y, a pesar de que ha prometido rectificarlo, no existen verdaderas garantías de las medidas que buscaría tomar (que ya son bastante ineficientes).

A pesar del obvio cuestionamiento moral que uno puede hacer sobre Trump al momento de leer un poco sobre sus políticas migratorias, aún está abierta una pequeña duda: ¿existe alguna otra clase de beneficio para el hombre más poderoso del mundo al alejar a los inmigrantes?

Trump se llena la boca con el discurso anti delincuencia, anti drogas, el de potenciar el trabajo y la industria nacional, sin embargo, también es un neoliberal de tomo y lomo: alguien cuya definición de política está condicionada, más que nada, por el aspecto económico de su contexto.

El próspero Estado de Texas

Hablemos de números y dinero en el Estado donde más inmigrantes arrestados hay: la vieja y enorme Texas. Según la oficina de migración ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) en este terreno, con más de 28 millones de habitantes, 207.693 inmigrantes fueron detenidos en 2017 (de un total de 303.916, es decir más de dos tercios de las detenciones totales).

¿En qué se traduce esto? La respuesta es sencilla: plata.

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Texas no es solo un estado próspero por su agricultura,  su minería y su turismo. Si una persona se aleja un poco de los centros neurálgicos de las grandes ciudades, también se podrá encontrar con enormes y complejas cárceles, y un circuito que da trabajo a prestamistas, usureros y abogados de una calidad más que cuestionable. Y, cómo no, es el Estado que tiene más prisiones para inmigrantes en todo el país.

El centro de detención de Houston fue la primera prisión privada de la historia moderna de los Estados Unidos. Fue construida en 1983 por la Corrections Corporation of America, o CCA (algo así como Corporación Americana de Correccionales), y GEO Group. Hoy, estas dos empresas son unas de las corporaciones de prisiones privadas más grandes del país. Ambas cotizan en la bolsa. Actualmente CCA (que hace poco se rebautizó como CoreCivic) opera cuatro prisiones en Texas. Sus servicios en todos estos recintos fueron contratados por ICE; en cuanto a GEO, tiene tres cárceles a su cargo, mientras espera que la cuarta termine de construirse.

Cada una tiene más de 120 prisiones en todo el país.

Los fajos de billetes son tan generosos como el número de recintos que cada compañía ostenta. Cuando el año pasado Goerge Zoley, presidente de GEO, confirmaba un nuevo contrato con el gobierno federal, agradecía y celebraba la cláusula de los 110 millones de dólares que ganaría su empresa. Para finales del 2017, los documentos de las compañías confirmaban que GEO y CoreCivic generaron ganancias por más de 4.000 millones de dólares en total. 

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Y, por supuesto, estas incidencias económicas también resuenan en lo político: ¿alguien se imagina el destino de esas empresas en un gobierno que regule la inmigración sin prohibirla? No hay que ser un genio para saber que se irían abajo. En este momento, la legislación no permite ni siquiera aceptar a quienes cruzan la frontera sin papeles buscando asilo. El “derecho de protección” es ilegal en los Estados Unidos. Situación que realmente conviene mucho a GEO y CCA, y ambas empresas se han preocupado de aportar a su mantenimiento. Según el centro de investigación In The Public Interest (INPI), estas dos corporaciones juntas han gastado más de 10 millones de dólares en financias a candidatos políticos, y casi 25 millones en cabildeo desde 1989.

El efecto es el esperado: un dragón que se muerde la cola. Las leyes y el orden jurídico y social entra en un espiral. Según Jodi Goodwin, abogada de migración para la ONG Migrant Center for Human Rights:

“Es una industria que da cabida a un lobby a favor de que las sentencias sean más largas y más severas, porque siempre que hay una cama ocupada, ellos hacen dinero”, agregó.

Según ICE, durante el año fiscal 2017, el promedio de población diaria de inmigrantes era de 30.539 individuos. En lo que va del 2018, esta cifra ya va por los 50.379. Ante estos datos, Goodwin solo puede asegurar que es repugnante el negocio de los indocumentados. 

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¿Cuánto por los niños? 

A pesar de que en un principio haya sonado a un costo para el Estado el separar a los niños de sus familias durante el más reciente escándalo migratorio, los privados no sufrieron con estas cifras. Según el medio Texas Tribune, hay 31 refugios para niños en Texas. Los más reconocidos son los de Southwest Key programs, una empresa que este año recibirá cerca de 460 millones de dólares de la mano del Estado. Southwest Key Programs y los otros refugios afiliados al circuito estatal están bajo contrato de la Oficina de Re asentamiento de Refugiados (ORR), y tampoco están exentos de polémica en su interior: han sido acusados en variadas ocasiones de maltratos y vejaciones a la dignidad infantil. El que está más hundido en la polémica es el centro “Casa Padre”, una ex farmacia Walmart donde viven más de 1.400 muchachos.

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Los pequeños comerciantes

Las megaempresas no son las únicas que sacan una buena tajada de pastel del Estado gracias a estas políticas. A pesar de que Texas tenga enormes ciudades, como Houston, San Antonio o Dallas, también hay lugares más pequeños y empobrecidos, como Hidalgo, El Paso o Tornillo, justo en la frontera de Estados Unidos con México. A pesar de que puedan llegar a sonar a pueblos olvidados, allá la migración también es la principal fuente de empleo de algunos. Hay calles llenas de bufetes privados de abogados migratorios y casas de préstamos “solo con la firma”, pensadas para que los inmigrantes consigan dinero para pagar fianzas mientras se procesan sus casos.

De acuerdo al testimonio de los mismos comerciantes, se cobra cerca del 10% de comisión sobre el valor del préstamo si es a un estadounidense, pero cuando se trata de casos migratorios, el valor sube al doble, más 500 dólares solo por el trámite de procesar la información. Según una empleada de una de estas casas, la mayoría de las fianzas se fijan entre los 10.000 y los 15.000 dólares. 

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Luego, cuando los inmigrantes por fin son liberados, el Estado les exige llevar una tobillera electrónica que revela su ubicación exacta. Éstas también salen de las manos de los privados. Las manufactura BI Incorporated, una pequeña ala de la corporación GEO Group. Cuando la agencia de noticias AFP intentó averiguar el precio de venta de cada una de éstas al Gobierno, la empresa se negó a entregárselos. 

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