Por Constanza Suárez
27 December, 2019

Autoridades apuntan a los padres como responsables por omitir su deber de cuidarlos.

La pirotecnia se volvió una costumbre en Paraguay, donde a pesar que las autoridades sanitarias han advertido por varios años sobre el peligro de manipular estos materiales, siguen utilizándolos. Incluso con niños. 

Estas advertencias por lo general son dirigidas a los padres, para que no dejen a los menores utilizar estos artefactos. El riesgo es grande, cada año se registran en urgencias diversos casos de niños afectadas por quemaduras y explosiones de estos productos, según informó la agencia EFE en 2017. 

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Para la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, los padres son los responsables de que ellos manipulen pirotecnia, sin ningún control ocasionando accidentes. Por lo que advirtió sobre sanciones por la omisión del deber de cuidado, en caso de sucederle algún accidente a los niños usando los fuegos artificiales. 

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“Desde luego que los padres son los responsables, porque infringen la patria potestad, incurriendo a un hecho de omisión del deber del cuidado, cuando suceden estas cosas”, aseguró según el periódico local La Nación. 

También aclaró, en conversación con Radio 1000, que desde el Ministerio de la Niñez pueden apoyar o denunciar el hecho, pero que es el Ministerio Público quien toma las medidas necesarias y que los castigos pueden ir desde multas hasta penas que terminen privando su libertad.

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Además de destacar la normativa, habló sobre lo importante de respetar la ley vigente que regula la venta de los artefactos pirotécnicos.

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“De hecho está regulado, los controles lo que no existen porque está prohibida la venta en las veredas. Sin embargo, hay muchas zonas donde están vendiendo libremente. Está prohibida la venta a menores de edad, pero el control es lo que falta agudizar“, dijo.

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La fiscal Monaliza Muñoz también destacó que e responsabilidad de los padres que los niños terminen heridos por la pirotecnia, omitiendo su deber de protección, exponiéndose de 3 a 6 años de cárcel en caso de que se compruebe el hecho. Incluso con esta condena podrían perder la patria potestad.

 

 

 

 

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