Por Maximiliano Díaz
20 July, 2018

Cecilia es chilena. En una postulación a un trabajo, tenía que responder (con fecha exacta) cuándo fue su último período menstrual. Algo ilegal para las leyes del país.

Cada día, sujetos que se consideran a sí mismos como “antifeministas” o “igualistas”, ponen sobre la mesa el tema de la igualdad. Para ellos, no hay necesidad en el equilibrio de los privilegios y los poderes en la sociedad entre hombres y mujeres. Esos sujetos aseguran que ya todo ha logrado hallar una cierta armonía. Las mujeres son libres, ganan lo mismo que los hombres y trabajan en las mismas condiciones. A pesar de que la mentira es clara y se ve a la luz de cualquier juicio, o estudiando un poco el panorama general de las profesiones en la mayoría de los países, hay algunos que lo creen.

Esta vez fue el turno de Cecilia de poner las injusticias sobre la mesa. Ella es una mujer chilena que denunció por Twitter una pregunta, a lo menos, inapropiada en un formulario de postulación a un trabajo. En él, le preguntaban si acaso “creía que podría estar embarazada” (una pregunta que ya de por sí es ilegal según el código del trabajo) y, como si no estuviesen conformes con su poca discreción al momento de tratar a una postulante para entrar a la empresa, prefirieron preguntarle, también, por la última vez que habría tenido su período menstrual. Además, lo hicieron en un lenguaje coloquial y hablado, en lugar de usar la palabra adecuada (un tacto mínimo incluso en un contexto de total falta de ética), le preguntaron por “su última regla”. 

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La postulante decidió no contestar nada del formulario y, con un dejo de sarcasmo, sacó una fotografía a la pregunta y la subió a su cuenta de Twitter con un pie de foto que pregunta “Por qué esto les debiese importar?”.

¿Qué opina la ley?

Cecilia está al amparo de la ley. Según la legislación chilena, y con un respaldo en La dirección del Trabajo, los trabajadores no pueden seleccionar a los postulantes según criterios impuestos por sí mismos, ni mucho menos apelar a las condiciones de salud de las personas (considerando, por supuesto, que esta les permita hacer el trabajo), y tiene un apartado en el que se refiere específicamente a la situación de las mujeres y sus embarazos o posibles embarazos. El texto del sitio web dice que: “Ningún empleador puede condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en us empleo, a la ausencia o existencia de embarazo”.

Y la ley no se refiere solo a condicionar la selección de las postulantes, sino que también prohíbe, lisa y llanamente, preguntar estas cosas. De acuerdo con la ley Nº19.591, no se puede “Exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si se encuentra o no en estado de gravidez. La infracción a la norma legal señalada es sancionada por los Servicios del Trabajo con multa de catorce a setenta unidades tributarias mensuales [desde 1000 hasta 5000 dólares aproximadamente].

Esto, por supuesto, generó una serie de preguntas y cuestionamientos a la empresa de parte de los seguidores de Cecilia en Twitter, preguntas como “¿Eso no es ilegal? “, “Seguramente hay algún lugar para denunciarlo”, “Es discriminatorio”, “Es denigrante”, “Hay que denunciar este tipo de prácticas”, “Increíble que estas cosas aún ocurran” y más declaraciones por el estilo.

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Cecilia aseguró, junto a la mayoría de sus seguidores, sentirse profundamente indignada y discriminada por esta clase de prácticas. Algunos pocos intentaron defender una especie de “derecho” de la empresa a hacerlo (a pesar de que la propia Dirección del Trabajo la defina como algo sancionable), pero la usuaria de Twitter decidió no responder a esas opiniones.

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Un experto interpreta el caso

Pero, para sacarse de encima cualquier duda posible (y considerando que no todos somos expertos en derecho como para poder interpretar de manera correcta las leyes) el medio chileno Cooperativa fue directamente a hablar con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, para preguntarle su opinión sobre el tema. Él, como sacado de un manual, respondió al pie de la letra lo mismo que decía la legislación. Según él, “el empleador que condiciona la contratación a que la mujer esté o no embarazada incurre en una discriminación sancionada por nuestra legislación. Se pueden aplicar multas a esa empresa y puede existir la vulneración de os derechos fundamentales de esa trabajadora. Nuestra legislación no permite discriminaciones de carácter arbitrario como las que hemos conocido a raíz de este caso”. 

Esto genera un cuestionamiento importante. Finalmente, ¿qué pesa más: la legislación o el legado cultural?, porque parece ser que, a pesar de que comience a legislarse a favor de una protección laboral básica para las mujeres (como lo es el que puedan tener un trabajo y estar embarazadas, o tener la libertad de quedar embarazadas si así lo desean), siguen habiendo algunas personas que solo ven en esto un costo superior, y hablan del inmenso valor monetario de tener a una mujer embarazada en una empresa con total liviandad. Desgraciadamente, parece ser que el cambio de paradigma no se encuentra solo en las leyes, sino en la llegada de estas al conocimiento colectivo. 

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