Por Maximiliano Díaz
6 July, 2018

El Gobierno estadounidense no proporciona a los menores de edad un abogado para los juicios de deportación. Eso obliga a los niños a defenderse solos.

Desde mayo, Estados Unidos solo es noticia por sus políticas migratorias. Donald Trump ha sido famoso desde su campaña por proponer el terror y la guerra a los inmigrantes: no está de acuerdo con que las personas crucen la frontera sin papeles. En una especie de búsqueda de pureza racial por una raza que no existe, el presidente electo del país más poderoso del mundo ha logrado sumar muchos adeptos a su sistema de creencias: desde la propuesta de la construcción de un muro en la frontera de San Diego, para que ningún mexicano pueda entrar al país, hasta la nueva ley de tolerancia cero en la inmigración, que enjuicia a cualquier inmigrante indocumentado bajo el cargo de un delito federal, y ha separado a más de 2.000 hijos de sus padres, poniéndolos a cada uno en centros de reclusión distintos, que en ocasiones están a cientos o miles de kilómetros de distancia.

Cuando se destapó el escándalo de las familias separadas, la política internacional quiso estallar de rabia: a todo el mundo le parecía inconcebible que un hombre con el poder de Donald Trump tuviera a los niños indocumentados durmiendo en el piso de un país extraño, y peor aún, que estuviesen amenazando con deportarlos junto con sus padres.

A pesar de que el juzgado ofreció una solución (que muchos consideraron bastante inapropiada), que era, finalmente, juntar a las familias en centros de reclusión donde no se hiciera una distinción etaria, la peor parte vino ayer. La situación alcanzó dimensiones que, probablemente el parlamento desconocía al momento de iniciar su medida: tuvieron que comenzar a juzgar a los niños.

Este jueves, el medio estadounidense NowThis publicó un vídeo de ficción en donde se pueden ver a niños y niñas migrantes frente a un juez de la corte de inmigración gringa. La peor parte es que ellos van solos. Ni siquiera tienen derecho a un abogado, y deben aprender cómo defenderse en la corte.

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Su autora es Linda Freeman, una mujer que decidió retratar la realidad de los niños sin abogados en las cortes estadounidenses después de haber leído un artículo de Anna Ciesielski, una abogada que debía representar a niños no acompañados provenientes de América Central en los procedimientos de inmigración. Según Freeman, el texto de Ciesielski era profundamente descriptivo, y ella decidió seguirlo al pie de la letra para dar origen a una dramatización que roza la realidad.

En el vídeo, se ve a una serie de menores entrar a una corte vacía. Una se persigna, como si Dios fuese a mantenerla en los Estados. El juez establece poco contacto visual con los menores en general, sobre todo cuando percibe en ellos una edad un poco más avanzada. Hace preguntas y toma notas. Les dice si acaso saben que están en ese país de manera ilegal, y que según procesos de inmigración, deberían ser arrestados. Pregunta si tienen abogados. Probablemente, él sabe que no tienen derecho a ellos. A los más pequeños (hay algunos niños menores de 5 años que se enfrentan al juez), les pregunta si acaso están nerviosos; les pregunta si saben lo que es un abogado. La respuesta de los más pequeños casi siempre suele ser que no, no tienen idea. Los niños, en algunas ocasiones, logran comprender al juez, y responden con monosílabos en español a sus preguntas.

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Después del registro, muchas personas han comenzado a preguntarse si acaso es necesario que los niños se defiendan solos. Si es justo que menores tan pequeños y faltos de protección en un lugar hostil deban, además, prescindir de la ayuda legal para que alguien pueda guiarlos. Todos responden que es algo innecesario, sin embargo, las decisiones de la corte están amparadas por la legislación de Trump.

Desde enero de este año, la Corte de Apelaciones de 9º Circuito en Estados Unidos, reafirmó una vieja medida que esperaba ser abolida: una que dice que los menores de edad no tienen derecho a la asistencia de un abogado para resolver conflictos penales en los que estos se vean envueltos. El abogado, por supuesto, debería estar pagado por el Gobierno, y sería una ayuda para solucionar con más facilidad los procesos de deportación. A pesar de que la lógica básica apuntaba directamente a que este modelo no prosperase (pues un abogado proporcionado por el Estado es lo que se hace en todos los casos de juicios a mayores de edad que no pueden costear uno), desgraciadamente, las cosas se dieron de otra forma al interior de la corte.

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El principal argumento del gobierno para prescindir del cambio, es hablar de un gasto que “llevaría al límite a un sistema de inmigración ya sobrecargado”. El resultado es lo que muestran las imágenes que desde entonces comienzan a apoderarse del internet. Niños solos, en cortes vacías, que se ponen audífonos demasiado grandes para sus cabezas, y menean las piernas en el aire sentados en la silla. Esos lugares ceremoniosos y amenazantes, para ellos no significan nada.

Por supuesto, es obvio que el proceso jurídico por el que pasan los niños es injusto ¿alguien se imagina, acaso, a un menor de 5 años que sea capaz de sobrellevar la complejidad de ciertos asuntos jurídicos? Conocer derechos, figuras legales, vacíos en la legislación gringa. Cosas así. Elementos que le permitan defenderse con una ley presuntamente injusta y con la que muchas veces ni siquiera los abogados logran lidiar.

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En estos momentos, la única posible ayuda que podrían obtener estos menores en tribunales, es llegar a conseguir un abogado mediante a algunas ONG que trabajan en los sectores de inmigración, o bufetes de abogados que trabajen de forma gratuita por la causa (sin embargo, el contexto de la abogacía en las fronteras lo hace todo mucho más difícil. No es raro que los abogados cobren tarifas altísimas por una asistencia mediocre).

El Gobierno Federal entrega algo de fondos para estas asistencias. A pesar de no proporcionar un abogado propiamente tal, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (que es parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos) es un importante donante y asistente del Instituto Vera para la Justicia, una organización sin fines de lucro que se encarga de contratar a otras organizaciones a lo largo del país para poder darles representación legal gratuita y un buen asesoramiento a inmigrantes que están siendo amenazados con ser enviados de vuelta al país que intentaron abandonar.

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De momento, la única esperanza que se podría tener en el corto plazo, es que la propuesta ha sido enviada de vuelta a la Corte de Apelaciones para que pueda ser reevaluada. Los solicitantes piden al Gobierno que, por favor, vuelvan a pensar si la relación costo-efectividad merece que el programa de protección judicial infantil continúe en esas condiciones, o si quizás sería mejor comenzar, de una vez por todas, a ejercer los cambios que los pequeños merecen vivir para poder enfrentarse a un juicio justo.